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Libro: La decisión judicial. Tomo i y ii - Autor: Javier Tamayo Jaramillo - Isbn: 9789587310696

La decisión judicial. Tomo I - II

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Isbn:
9789587310696
Formato:
/
Libro
Terminado:
Tapa Dura
Año:
2013
Páginas:
1297-2186
Tamaño:
17 x 24 cm.
Peso:
3.6500 Kg.
Edición:
Primera
Índice
Libro
Temas:
/
Derecho Constitucional
FILOSOFIA DEL DERECHO-INTERPRETACIÓN DEL DERECHO-HERMENÉUTICA JURÍDICA-DERECHO CONSTITUCIONAL
Detalles Adicionales
Autor(es)
Reseña
Autor Javier Tamayo Jaramillo
Javier Tamayo Jaramillo

Es un jurista colombiano. Estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín, en cuya Facultad de Derecho fue además director del Centro de Investigaciones Jurídicas. Cursó un Master en Economía y Derecho de los Seguros en la Universidad de Lovaina (Bélgica), y es Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Perú.

 

 

Fue magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia entre los años 1994 y 1995. Renunció a la magistratura y ejerce como abogado. Se ha desempeñado como árbitro del Centro de Arbitraje de las Cámaras de Comercio de Bogotá y de Medellín. Hace parte del capítulo colombiano de la Association Henri Capitant des amis de la culture juridique francaise'; es miembro de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros - Acoldese, capítulo colombiano de la AIDA (Asociation International de Droit des Assurances); y miembro fundador del Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil y del Estado - IARCE.

 

 

Ha sido profesor de las siguientes universidades: Universidad Pontificia Bolivariana; Universidad Eafit; Universidad de Antioquia; Universidad Externado de Colombia Universidad de Los Andes y Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido conferencista en decenas de congresos y seminarios. En el exterior, ha sido profesor invitado de las varias universidades, entre ellas la Université de Paris II, la Pontificia Universidad Católica de Chile; Universidad Central de Venezuela. Dirige el posgrado en responsabilidad civil de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y es columnista del periódico especializado en temas del derecho, Ámbito Jurídico.

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La constitución colombiana de 1991, y en particular la interpretación valorista que de la misma introdujo la Corte Constitucional, produjo lenta pero inexorablemente un peligroso divorcio entre una corriente de los constitucionalistas y los juristas que operan el derecho privado. Para los primeros, la ley como producto del parlamento, representante de las mayorías explotadoras, debe ser dejada de lado, en favor de los valores, derechos y principios constitucionales. Tal es la doctrina imperante en la Corte Constitucional, pues al decir de la misma, su función hermenéutica consiste en proteger a las minorías desvalidas, aplicando directamente los principios y derechos fundantes de la carta política para, en esa forma, realizar el Estado Social de Derecho y la justicia material. Se trata de una doctrina de mediados del siglo XX, que solo en la últimas décadas se ha abierto paso en Colombia.

 

Frente a esta doctrina antisemántica extrema, concebida por algunos de sus teóricos como una de las tantas formas de lucha por el poder político, se han rebelado, pero sin mayores resultados, los constitucionalistas y privatistas que sin negar la existencia de cierto margen de discrecionalidad del juez, ni de los valores y principios positivos  en la Constitución, consideran, con todo, que el Estado Social de Derecho supone el respeto por el principio de legalidad y como consecuencia de ello, de la validez de leyes que, como restricciones constitucionales, reflejan los valores y principios supremos. El autor adhiere a esta última concepción del derecho, pero se toma el trabajo de analizar las diversas escuelas que apoyan una y otra posición., para en esa forma plantear adecuadamente las condiciones del debate. Además efectúa una ácida pero respetuosa crítica de la jurisprudencia de la corte constitucional en determinados puntos específicos, pero muy especialmente, sobre su cada día mayor activismo o creacionismo judicial, que la ha llevado a desconocer textos constitucionales absolutamente claros