Este concienzudo análisis le permite al lector entender el contenido de nuestra constitución, la cual, para la inmensa mayoría, es un conjunto de reglas, normas que rigen y organizan la vida en sociedad y sostienen el orden jurídico del estado con un fin supremo: la dignidad del hombre en la sociedad. Organización y estabilidad, como muy bien lo refleja la historia constitucional de Colombia. Naturalmente, se trata de un constante proceso de renovación, un permanente revivir. De ella dan cuenta las numerosas cartas que se han redactado a lo largo de la historia de Colombia.
Y es que en materia de constituciones, Colombia no sólo ha sido política; también empezó su andadura desde fechas tan tempranas como 1811. Es el caso de la provincia de Cundinamarca que, coincidiendo con la “Patria Boba”, redacto una constitución monárquica constitucional que reconocía el poder del monarca español, toda vez que viniera a reinar en esa región colombiana.
Cada reforma constitucional, señalada por López Daza, muestra el reflejo de la realidad nacional y de las necesidades del momento. Aunque excede los límites de esta investigación, cabe preguntarse qué tanto cumplió el Estado con las expectativas creadas en cada una de las cartas constitucionales precedentes a la de 1991, cuando a la “normal anormalidad” de nuestra complejidad doméstica, se sumaba una ola democratizadora a nivel mundial tras la caída del muro de Berlín y el posterior derrumbe de los regímenes comunistas. En este contexto, y por iniciativa de los estudiantes, tuvo lugar la elección popular de la Asamblea Nacional Constituyente. Su trascendencia descansaba, entre otras cosas, en que por primera vez en la historia del país tenía lugar una elección de esta índole, al margen del alto abstencionismo electoral. Novedoso fue también el amplio y heterogéneo segmento de grupos que participaron en la redacción de la nueva Carta, que aquí se estudia en todas sus facetas. La Constitución de 1991 descansa sobre dos pilares fundamentales: el fortalecimiento de la democracia y la ampliación de los derechos y libertades, que son las principales fortalezas de esta Carta Política.