La nueva Agenda Urbana aprobada en Quito en octubre de 2017, es una hoja de ruta, un itinerario bello aunque algo tortuoso que nos muestra un desiderátum de todo hombre; habitar y vivir en un lugar digno, y si este es una ciudad, que la misma sea un espacio de convivencia y fraternidad.
Pero este deseo utópico necesita de un marco jurídico fuerte que garantice no sólo la convivencia cívica sino también la armonización de intereses económicos que la ciudad como mercado que se desarrolla.
La tensión jurídico-económica es permanente en la ciudad y el buen derecho urbanístico es aquel que logra mantener vivos estos equilibrios y estas tensiones, logrando que la inversión privada genere ciudades habitables, sostenibles; ciudades en la que se puedan compartir, y es aquí, donde el espacio público ha de ser el protagonista.
Ya a mediados del siglo XIX, Ildefonso Cerdá y Sunyer intuyó magistralmente esta idea y no entendía la calle (la vía) sin la causa (el intervías), la ciudad, la urbe como a él le gustaba apodar a la nueva ciudad surgida del ensanche debe armonizar y ser un todo en el que espacio público y propiedad privada armonicen.
Del peso que el legislador y el control jurisprudencial que el ordenamiento permita de la norma y el plan creador o destructores de espacios públicos tenga, depende el futuro de las ciudades, nuestro habitar.
De ahí la importancia y el máximo interés y actualidad de este libro que con estas breves líneas introduzco y dejo en manos del lector para que disfruten y aprendan de su lectura como yo le he hecho.