La autora aborda una problemática crucial en los tiempos actuales, que ha sido encarada reiteradamente de modo genérico y en clave principista: la vigencia efectiva del desarrollo humano.
En la mutación del paradigma del progreso (dominante en la Constitución de 1853-1860, que refleja la ideología imperante en la época) hacia el del desarrollo humano (que se rescata de la reforma de 1994) debe buscarse la llave cultural y jurídica para lograr el cometido propuesto.
Se destaca el rol del Congreso de la Nación sobre lo que constituye una deuda social con amplios sectores de la comunidad, a los que todavía no alcanza la promesa constitucional de desarrollo humano, tal como fue reconocido por la Corte Suprema.
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